Migración y crimen organizado
Opinión | Por Carolina Ruiz Rodríguez
Presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el Congreso de Morelos
En los últimos años, la violencia ligada al crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente asociado al narcotráfico. Hoy, las organizaciones criminales operan de forma diversificada y transnacional, incrementando rutas y actividades ilícitas, entre ellas el tráfico y la trata de personas. Esta realidad ha generado una doble crisis: una de seguridad, y otra profundamente humanitaria.
Las consecuencias son graves y nos afectan directa o indirectamente a todos, ya que provocan comunidades desplazadas, economías locales desarticuladas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y un aumento alarmante de personas en movilidad forzada. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2023 México recibió más de 150 mil solicitudes de asilo, lo que nos coloca como el tercer país del mundo con mayor número de peticiones, solo detrás de Estados Unidos y Alemania.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que más de 782 mil personas migrantes fueron detenidas en territorio mexicano ese mismo año, la mayoría originarias de Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Haití. Esta cifra representa un incremento del 77% respecto al 2022.
Aunque Morelos no es un estado fronterizo, su ubicación estratégica entre el sur y el centro del país lo convierte en una zona de tránsito creciente para personas migrantes. En los últimos años, diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han documentado un aumento en el paso de migrantes por municipios como Cuautla, Temixco, Puente de Ixtla y Jojutla.
Este flujo no ocurre en condiciones de seguridad. Las personas migrantes son blanco fácil del crimen organizado, que opera en rutas carreteras, terminales, zonas rurales y albergues improvisados. Muchas veces son víctimas de extorsión, trata, reclutamiento forzado o desaparición, delitos que, en el contexto de violencia generalizada que vive el estado y gran parte del país, quedan impunes o ni siquiera se denuncian.
De manera lamentable, los migrantes son vistos como botín por estas agrupaciones delictivas: son usados como mercancía, como mano de obra, como escudo humano o simplemente como fuente de ingresos para estructuras criminales que lucran con la desesperación.
En este contexto, criminalizar a las personas migrantes no solo es injusto, sino contraproducente. Ellas no huyen por capricho, sino porque no tienen otra opción. Y en su tránsito, enfrentan peligros similares —o peores— a los que dejaron atrás.
Tristemente, el tráfico de personas es, junto al narcotráfico, una de las actividades más rentables del crimen organizado. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), esta industria ilegal genera más de siete mil millones de dólares al año a nivel global, y buena parte de esas ganancias provienen de países latinoamericanos.
En México, esta red criminal opera en múltiples niveles: desde grandes cárteles hasta pequeños grupos delictivos locales. La fragmentación del crimen, lejos de reducir su impacto, ha facilitado su expansión territorial y su capacidad de cooptar autoridades, controlar rutas y hasta comunidades.
El resultado: personas migrantes extorsionadas, mujeres forzadas a la prostitución, niños y adolescentes reclutados por pandillas o cárteles. Y una sociedad que, muchas veces, voltea la mirada para tratar de ignorar el problema.
Por lo anterior, desde el Congreso de Morelos asumimos nuestra parte de responsabilidad. Si bien muchas de las decisiones migratorias se toman desde el ámbito federal, los estados no podemos permanecer ajenos ni inactivos. Por ello, es indispensable que instancias del gobierno estatal y de los 36 municipios de Morelos, tengan instancias con la capacidad de atender a personas migrantes en situación de riesgo, con atención especial en niñas, niños y mujeres.
Y como sociedad, es urgente dejar de ver a la migración como una amenaza. Las personas en movilidad no son delincuentes: son seres humanos que buscan cumplir anhelos, concretar sueños o, simplemente, sobrevivir. Y la seguridad no se construye con represión, cerrando fronteras o criminalizándolos, sino instrumentando políticas públicas de prevención, inclusión y respeto a sus derechos fundamentales.
Morelos no sólo debe ser territorio de paso, sino espacio de dignidad, legalidad y protección tanto de vecinos, residentes y de personas en tránsito. El crimen organizado no puede ser quien marque la pauta de nuestra vida en sociedad.
